Foro de los pueblos presenta mandato para democratizar la comunicación

Quito, Ecuador, 18 de noviembre (OCLACC).- El Foro de los Pueblos, Nacionalidades, y movimientos sociales reunido en Quito resolvió presentar un mandato para que la ley de comunicación que se debate en la Asamblea Nacional democratice la comunicación, que es una demanda social "que por muchos años se habían convertido en un clamor", dice el documento entregado a la Comisión Ocasional de Comunicación.
En el mandato defiende la creación de un "sistema de comunicación que permita la actoría social, la participación del conjunto de la población, el respeto y expresión pública de las múltiples voces". Según el pronunciamiento, "la vigencia de todos los derechos" se "vuelven conocidos y exigibles a través de la comunicación, sumado a una información que aporte al conocimiento de las realidades y a la conformación de una opinión crítica".
Este derecho, solo será "posible ejercitarlo con un marco normativo, que de una vez por todas reconozca a las personas en interacción en una relación igualitaria de poder, que desarme las arcaicas estructuras mediáticas que sustentan un ilegítimo estatus quo, para dar paso al ejercicio pleno de las libertades de expresión e información de todas y todos los ecuatorianos", dice el mandato.
En el documento de diez puntos defiende la necesidad de "establecer en la ley el carácter público de la comunicación social y la información", y que la sociedad sea la "actora clave para la democratización de la comunicación".
Así también se demanda la redefinición del papel del Estado, "que debe pasar de sus limitadas obligaciones de Respetar y Garantizar el conjunto de derechos a Proteger y Cumplir, para la realización plena de los derechos de comunicación e información".
El mandato pide también que la ley tenga presente el "carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano", y que ello se cristalice en la Ley de Comunicación, "con carácter transversal".
De igual manera defiende el "sistema de comunicación social, como el elemento articulador de los actores (estado, empresas, medios, población), las políticas, la institucionalidad, las normativas, los recursos, que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la comunicación y sus derechos conexos".
Demanda también la distribución equitativa de las frecuencias entre "los sectores privado, comunitario y público" (33.3% a cada uno).
Así también exige que la ley debe garantizar el "acceso universal a las TIC" que incluya "la conectividad de banda ancha a través de la instalación de centros de acceso público por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y de las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las áreas rurales y urbanas no atendidas por el mercado".
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